Entre el 23 y el 28 de noviembre, la conversación sobre presuntas infiltraciones en entidades del Estado se disparó un 322 %, convirtiéndose en una crisis nacional que tomó por completo la agenda pública.

El detonante fueron investigaciones que vincularon a un general del Ejército y a un alto funcionario de inteligencia con disidencias de las FARC, desatando suspensiones inmediatas, alerta institucional y un debate cargado de polarización. La coyuntura evidenció fallas estructurales en inteligencia y control interno, y convirtió la conversación en una batalla por la verdad donde Gobierno, medios y ciudadanía disputaron el relato.